Este fallo  ha marcado un importante precedente respecto a una de las principales condiciones de admisibilidad de las demandas planteadas en clave colectiva, tal como lo destaqué en un artículo que escribí (y que podés consultar ACÁ), es decir, la precisa identificación de la clase afectada, extremo que -si no se verifica en forma específica- conducirá al rechazo formal de la acción planteada. 

La Corte destacó:

“Esta Corte ha expresado que la adecuada y detallada determinación del conjunto de perjudicados por una conducta o acto permite delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada, y además aparece como un recaudo esencial para que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia de los requisitos para la procedencia de la acción. Solo a partir de una certera delimitación del colectivo involucrado, el juez podrá evaluar, por ejemplo si la pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la acción”.

Leelo acá:

4. “MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI C/ CABLEVISION S.A. S/ AMPARO" 

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI es un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó una medida cautelar innovativa dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La importancia de este fallo radica -además de contener argumentos relevantes sobre la legitimación colectiva y el alcance de las medidas cautelares innovativas en el campo de los derechos colectivos- en que dispuso por medio de una Acordada la creación de un Registro de Procesos Colectivos, ante el creciente fenómeno de litigios colectivos paralelos y que recaían sobre una misma pretensión procesal. 

La Corte destacó:

“durante el último tiempo este Tribunal ha advertido un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes tribunales del país. Esta circunstancia genera, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en otro. También favorece la objetable multiplicación de acciones procesales con objetos superpuestos tendientes a ampliar las posibilidades de obtener alguna resolución -cautelar o definitiva- favorable a los intereses del legitimado activo o de interferir en la decisión dictada en el marco de otro expediente” 

Enfatizó que los posibles inconvenientes señalados podrían conllevar a situaciones de gravedad institucional, por lo que entendió necesaria la creación de un “Registro de Acciones Colectivas en el que deban inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales del país”, el cual “Tiende entonces a evitar el escándalo jurídico que podría representar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas y a lograr la economía procesal que mejor se ajuste a un adecuado servicio de justicia. Asimismo, el registro brindará información a los tribunales y a los legitimados colectivos o individuales acerca de la existencia de procesos de esa naturaleza y favorecerá el acceso a justicia al permitir a los habitantes conocer la existencia de procesos y sentencias de las que puedan ser beneficiarios”.

Leelo acá:

Lee la Acordada que crea el Registro ACÁ.

5.  "CONSUMIDORES FINANCIEROS C/ BANCO ITAU S/ ORDINARIO" Y “CONSUMIDORES FINANCIEROS ASOCIACION CIVIL PARA LA DEFENSA C/LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/ ORDINARIO".

Ambos precedentes son importantes en los procesos colectivos ya que -con cita de "Halabi" y "Padec", la Corte Suprema reconoció la posibilidad de que una asociación pueda cuestionar en un único proceso con base en conductas que lesionen, de igual o similar forma, a una pluralidad de usuarios o consumidores.

Destacaron que la acción colectiva es admisible cuando los costos que debe afrontar cada consumidor para promover una demanda individual resultan superiores al beneficio económico que obtendría de una sentencia favorable. También se dijo que los jueces de la causa deben controlar la idoneidad de la asociación actora a lo largo de todo el proceso, y establecer un procedimiento apto de notificación a las personas a quienes pudiera afectar el juicio para asegurarles el derecho de quedar fuera del pleito o de presentarse como parte o contraparte.

Finalmente, frente a la existencia de otros procesos colectivos con idéntico objeto iniciados por la misma actora contra diversas entidades bancarias que se encuentran tramitando en otros tribunales, la Corte exhortó a estos últimos a implementar medidas de publicidad orientadas a evitar la superposición de procesos. Además, obligó a la actora a que en futuros pleitos informe si ha iniciado otra acción colectiva con idéntico objeto, práctica exigida por los jueces hasta hoy en día al iniciarse un proceso planteado en clave colectiva.

Leelos acá:

6. "CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA S/ AMPARO COLECTIVO" 

Este fallo posee -en mi opinión- una importancia fundamental desde el punto de vista procesal, en atención a que los jueces de las instancias anteriores habían tramitado el caso como una acumulación de procesos individuales, cuando en realidad se trataba de un proceso colectivo. 

La CSJN expone que tratándose la cuestión en debate del "derecho al agua potable", se trata de un derecho colectivo, y no de pretensiones individuales. Lo importante que se destaca es que "los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más rápidas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales", en el caso, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas que se había visto amenazado por el obrar de la empresa demandada que proveía a los vecinos agua con proporciones de arsénico que superaban las permitidas por el Código Alimentario Argentino.

Leelo acá:

8. "MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL -MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Daños derivados de la contaminación ambiental Río Matanza-Riachuelo".

La acción que dió origen a la célebre causa Matanza-Riachuelo y que motivó los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han generado -sin dudas- un precedente importantísimo, pues marcó pautas jurisprudenciales novedosas. En este sentido, estableció objetivos de un programa obligatorio de actos a cumplir para la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, ya que fueron condenados el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Desde el punto de vista procesal, puedo afirmar que se trató del litigio estructural más complejo de la República Argentina, en tanto significó la judicialización de una problemática ambiental y social que venía de larga data, en donde se resolvieron distintas contingencias procesales que merecen ser objeto de estudio. 

Entre ellas podemos mencionar:

 a) La distinción que hace la CSJN entre las pretensiones del inicio -daño de incidencia colectiva y los derechos individuales de las personas afectadas-, habilitando su competencia originaria únicamente respecto a la primera de ellas, pues entendió inadmisible su acumulación en un solo proceso (sent. del 20/06/06);

b) La CSJN puso de resalto distintas deficiencias procesales de la demanda que, a su juicio, hacían que no hubiera información adecuada para obtener la pretensión incoada. Sin embargo, no rechazó la demanda sino que tomó un inusual rol activo, pues dispuso medidas instructorias y ordenatorias para avanzar en la resolución del conflicto (citación a una audiencia pública para que las partes se manifiesten sobre el plan integrado, pedido de informes a las empresas demandadas sobre aspectos del caso e incluso el otorgamiento de un plazo a la parte actora a fin de mejorar la demanda, entre otras). 

c) La resolución de varios pedidos de intervención de terceros (ver sentencia del 30/08/06), tales como el del Defensor de Pueblo a quien le permitió intervenir en tal carácter pero desestimó la ampliación de la demanda que pretendió introducir, entre otros.

d) El dictado de un reglamento ad hoc para aplicarlo en la audiencia pública que había fijado.

e) La orden de oficio a la Universidad de Buenos Aires a fin de que informara al Tribunal sobre la factibilidad de diversos puntos del plan presentado por los demandados y realizara las observaciones o recomendaciones que estimara necesarias. 

f) La sentencia de fondo estructural en donde la CSJN fijó sus criterios a través del establecimiento de un "programa", poniendo un apercibimiento inédito: una multa diaria en cabeza del titular de ACUMAR.

g) La delegación del proceso de ejecución de sentencia en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes,  a quien facultó para fijar y aplicar multas diarias derivadas del incumplimiento del programa.

h) Los mecanismos de control de la ejecución de la sentencia, por parte de las organizaciones no gubernamentales, la Auditoría General de la Nación, y el Defensor del pueblo, a quien la Corte designó como coordinador de un cuerpo colegiado a conformarse con dichas organizaciones. De este modo, estableció un mecanismo de participación ciudadana pues dicho  cuerpo colegiado tenía por objeto: (i) recoger sugerencias de la ciudadanía y darles el trámite adecuado; (ii) recibir información; y (iii) formular planteos concretos ante la ACUMAR para el mejor logro de los objetivos trazados en el programa.

i) Los distintos pronunciamientos interlocutorios que debió dictar la CSJN luego de pronunciarse en la sentencia de fondo, tales como cuestiones de competencia con el Juzgado de Quilmes, asignaciones presupuestarias, la responsabilidad personal del titular de ACUMAR, entre otras cuestiones.

Sin dudas, los fallos dictados por la CSJN con motivo de la causa "Mendoza", son esenciales para comprender las pautas del Alto Tribunal en las acciones de clase ambientales.

Leélos acá:

9. "THOMAS, ENRIQUE C/ E.N.A. S/ AMPARO".

La Corte abrió su instancia haciendo excepción a la regla jurisprudencial establecida en virtud de la cual son extraños a su revisión los pronunciamientos atinentes a medidas cautelares, pues consideró que "la decisión en recurso presenta gravedad institucional en la medida en que trasciende el mero interés de las partes para comprometer el sistema de control de constitucionalidad y el principio de división de poderes previsto en la Constitución Nacional”.

En cuanto a la decisión del caso, el Alto Tribunal reafirmó un principio importante en cuanto a la legitimación en las acciones de clase en cuanto a:

• Respecto a su calidad de ciudadano, la Corte reafirmó su jurisprudencia anterior en cuanto a que dicha invocación sin la demostración de un perjuicio concreto resulta insuficiente para sostener la legitimación para impugnar la constitucionalidad de una norma, ya que es imprescindible la existencia de un "caso" (ver "Halabi" considerando 9) en tanto no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición.

• Respecto a su calidad de legislador, la Corte expresó -con base en sus precedentes "Dromi" (ver acá), "Polino" (ver acá), "Gómez Diez" (ver acá) y "Garré" (ver acá), que la invocación de "representante del pueblo" no confiere legitimación per se, ya que "un legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas”. En el sentido expuesto, "...el ejercicio de la mencionada representación encuentra su quicio constitucional en el ámbito del Poder Legislativo para cuya integración en una de sus cámaras fue electo y en el terreno de las atribuciones dadas a ese poder y sus componentes por la Constitución Nacional y los reglamentos del Congreso”. 

Finalmente, el Alto Tribunal cuestionó el actuar de las instancias inferiores al considerar que "el a quo debió haber considerado que una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley 26.522 con efectos erga omnes tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes y el modelo de control de constitucionalidad”. Agregó que “El modelo argentino es claramente el difuso o norteamericano en forma pura. En una acción como la precedente, ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860. Si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión, a fortiori menos aún puede ejercerla cautelarmente”.

Este fallo y la doctrina que establece fueron aplicados en distintos fallos posteriores, tales como "Abarca Walter José y otro c/ Estado Nacional" (ver acá), entre muchos otros.

Leelo acá:

10. "ASOCIACION DE GRANDES USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA) C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE Y OTRO S/ACCIÓN DECLARATIVA".